El régimen de la libertad y su restricción ha sido reformado en varias ocasiones desde su promulgación en 2004 . En esta oportunidad se analizará la forma como se han aplicado y entendido dos disposiciones introducidas por esas reformas: el art. 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia (C. I. A.), que regula la detención preventiva cuando se imputan delitos cometidos contra menores de edad, y el parágrafo del art. 314 del Código de Procedimiento Penal (C. P. P.), que prohíbe la sustitución de la detención preventiva. Este artículo, sustentado en trabajo de campo, pretende evidenciar que estas normas contrarían la lógica cautelar y excepcional de la medida de aseguramiento, pues privilegian el decreto de la detención preventiva y restringen la discrecionalidad que se le dio al juez de garantías en un sistema penal con tendencia acusatoria.