Durante todo el desarrollo del conflicto interno Colombiano, las organizaciones al margen de la ley realizaron reclutamiento de menores, pero fue tan solo hacia 1997, que Colombia reconoció esta problemática y encamino acciones para combatirla, tomando especial relevancia, en el gobierno de Uribe Velez, la imposición medidas de juzgamiento a los combatientes de grupos armados ilegales en la construcción de una justicia transicional para dejar atrás el conflicto. Sin embargo, la política con la que se crea dicho marco legal parte del imaginario de que los grupos armados están integrados enteramente por adultos; olvidándose de la implementación de políticas tendientes a reconocer a integrantes de estos grupos menores de edad como víctimas directas del conflicto y no tan solo como perpetradores. Así, el juzgamiento de adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito por los posibles delitos que pudieron haber cometido en el marco del conflicto es un dilema moral, jurídicamente sin sanción punitiva pero con rendición de cuentas y garantías del debido proceso.