A través del establecimiento de distintas modalidades para la contratación de bienes y servicios por parte de los organismos que componen el Sector Público Nacional (Licitaciones Públicas, Licitaciones Privadas, Contrataciones Directas, entre otras), el Estado busca proveer a la población de los elementos necesarios para atender a sus necesidades, de un modo ordenado y transparente. No obstante, en la práctica, este postulado no siempre pareciera cumplirse. Un ejemplo de ello lo constituye lo acontecido en torno de la figura del Legítimo Abono, que si bien no ha sido normada, es utilizada, sistemáticamente, por jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional, como un modo de alejamiento de las normas, controles y garantías establecidas por las normas de administración financiera estatal, relacionadas con la ejecución presupuestaria. De este modo, la figura, surgida como una excepción, acabó conformándose en regla.