La biodiversidad es considerada como un bien público, no excluible y no rival. Sin embargo hay bienes y servicios ambientales que no son bienes públicos puros, como los bienes comunes, rivales y no excluibles. El hecho que los derechos de propiedad en las áreas protegidas no estén claramente definidos legitima la intervención del Estado. Pero qué pasa cuando la financiación gubernamental no es suficiente? Es necesario pensar en nuevos instrumentos económicos como los Fondos de Conservación y realizar alianzas entre lo público y lo privado y entre diferentes actores sociales.