El tema presentado, surge del debate académico y jurisprudencial sobre el reconocimiento a nivel constitucional de una eventual eficacia entre particulares de sus derechos fundamentales, ya que en los últimos lustros, la sociedad moderna ha tenido que enfrentar la eclosión de cierto tipo de relaciones jurídicas entre particulares capaces de producir per se violaciones a sus derechos como si se tratase de un poder público. Este tipo de relaciones -fundamentalmente contractuales- aparecen en modernas democracias como España o en democracias nacientes como la de El Salvador, donde el Estado, a fin de cumplir su cometido, se vale de entidades privadas para que presten servicios públicos, planteándose entonces,relaciones atípicas desde la pespectiva pública y privada. Por otra parte, también, dada la complejidad social, se perfilan relaciones entre particulares con preeminencia de alguna de las partes sobre la otra, en las que se rompe la igualdad formal tradicional que rige este tipo de vinculaciones, para lo cual el derecho privado se vuelve inoperante. De ahí que el derecho constitucional deba proteger los derechos fundamentales que se vulneren en tales relaciones jurídicas.