El propósito de esta investigación es realizar un análisis en torno a la legislación nacional e internacional con relación a la responsabilidad civil, derivada de las violaciones graves de Derechos Humanos (DD.HH.) cometidas en el denominado “Caso Atenco”, municipio del Estado de México, en el año 2006. La obligación de la reparación de los daños causados a las víctimas de violaciones de DD.HH., encuentra su fundamento legal en normas de Derecho Internacional Público y de Derecho Penal Internacional. El Estado mexicano, en su carácter suscribiente de tratados internacionales en materia de observancia y salvaguarda de DD.HH., se encuentra constreñido a reconocerlos, respetarlos y observar su cumplimiento, en su ámbito legal interno. Tales disposiciones señalan que no podrá existir la prescripción a la denuncia de violaciones a los DD.HH. Dicha prerrogativa constituye una contradicción en la aplicación judicial del orden jurídico mexicano.