El artículo 13 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación como un derecho fundamental. De igual modo admite la existencia de grupos históricamente discriminados y en alto grado de vulnerabilidad, asignándole al Estado la obligación de garantizar la igualdad material a través de medidas especiales en favor de grupos estos grupos.La discriminación es un delito que afecta gravemente los Derechos Humanos de las personas, se encuentra íntimamente ligado a la desigualdad y a la injusticia social de modo tal, que impide el acceso a los bienes y servicios en la cantidad y calidad que requieren para la satisfacción de sus necesidades específicas dada su condición de vulnerabilidad. En ese orden de ideas, se hace necesario aplicar el enfoque diferencial a las actuaciones del Estado con el fin de garantizar la igualdad real y efectiva. Para que este propósito pueda hacerse realidad es necesario el concurso de todos los servidores públicos. El reconocimiento de la calidad de sujetos actores garantes del derecho a la igualdad y la garantía de no discriminación en la administración pública, es fundamental para el desarrollo de sociedades más justas.