La democratización de la información debe pasar, de forma necesaria, por la interpretación del Derecho a la Información y la Comunicación como un derecho humano reconocido. Se trata de un bien común que pertenece a la ciudadanía, de un derecho fundamental imprescindible para ejercer los demás derechos y para garantizar la democracia. Para recuperar ese derecho secuestrado por los grandes grupos de comunicación es necesario involucrar a la ciudadanía en la elección del sistema de comunicación que necesita. Esto requiere la puesta entre paréntesis de conceptos como libertad de prensa, libertad de expresión o libertad de información; que han quedados vacíos de contenido en la sociedad española y que deben reinterpretarse a partir de las recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales que custodian la vigencia de los derechos humanos. En la actualidad, las nuevas herramientas de la comunicación hacen más posible que nunca que estas libertades ciudadanas puedan ser ejercitadas por todos y que se recupere la información al servicio de la democracia.