Ante la necesidad de preservación del orden y la convivencia pacifica yació la responsabilidad civil extracontractual, que posteriormente fue ampliada hasta lo que se conoce con la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991, como la responsabilidad patrimonial del Estado, la cual más que incumbir un ámbito público prevé la necesidad de protección, prevención, optimización y control de los fines del Estado y los derechos fundamentales, destacando tan excelsa protección que remite el fundamento de aquel principio de protección a la consolidación del daño antijurídico como elemento esencial e inherente.