Más allá de sus debilidades institucionales la verdadera fuerza de la Constitución del 91, más que en lo propiamente jurídico a lo que la redujo el constitucionalismo liberal, residió en su proyección social como una aspiración simbólica de nación incluyente, garantista y democrática que una cultura autoritaria súbdito-parroquial persiste en confrontar y que solo puede ser defendida desde una dimensión posjurídica que rescate y recupere su significado social y mundovital.