La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2010), prescribe un conjunto de lineamientos de carácter técnico-económico que escapan del conocimiento puro del Juez(a), del Abogado o Abogada en ejercicio y de todo aquel que no disponga de conocimientos prácticos en la gestión de tierras agrícolas, para entrar en áreas propias de la Ingeniería Agronómica, en Producción Animal, Forestal, Zootecnia y/o Veterinaria, entre otras carreras profesionales especializadas en el ejercicio de la actividad agraria, de allí la necesidad de incluir dentro del sistema judicial a estos profesionales, siendo el arbitraje el mecanismo que permitiría bajo la legislación vigente, la inclusión de los mismos, lo que garantizará una mejor defensa de los derechos e intereses de todos los venezolanos que haya optado por el trabajo rural como oficio principal. En ese sentido se realiza esta investigación con el objetivo de evaluar la posibilidad de aplicar el arbitramento previsto en el Código de Procedimiento Civil en la Jurisdicción Ordinaria Agraria Venezolana.