El delito político atenta de manera altruista contra el estado a fin de buscar el cambio de sus instituciones y/o sistema de gobierno. Por ser de naturaleza eminentemente cambiante solo el legislador podrá señalar que conductas punibles merecen el tratamiento de delitos políticos y cuales no, dependiendo del momento histórico-político y las circunstancias que se estén viviendo según la coyuntura. En procesos de paz, como el vivido recientemente entre el estado colombiano y la guerrilla de las FARC, se planteo darle ese tratamiento a las conductas punibles de narcotráfico cometidas por los miembros de las FARC en etapa del postacuerdo como alternativa de solución para llegar a un acuerdo de paz duradera.