La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, marca el punto de no retorno en aspectos de normalización, integración e inclusión de cualquier persona independientemente de sus capacidades. La protección de las personas que, como señala el artículo 200 de Código Civil español, no pueden gobernarse por sí mismas debido a las consecuencias persistentes de alguna enfermedad carácter físico o psíquico, no tiene que garantizarse mediante la incapacitación y la tutela, sino mediante una política de apoyos capaces de compensar esas deficiencias. Desde esta perspectiva, el estudio hace un recorrido por las legislaciones de diferentes países en materia de tutela, para ver cómo se está aplicando la citada Convención. La creación de servicios basados en la cooperación público-privada, mediante un partenariado real, y la elaboración de medidas de apoyo, son los planteamientos que se plantean como respuesta a las actuales formas de garantizar la protección jurídica de las personas que debido a sus capacidades pueden encontrarse en situación de riesgo.