En el ámbito de la práctica judicial, la prueba representa uno de los elementos procesales de mayor relevancia, pues sólo a través de la actividad probatoria, el juzgador podrá sustentar válidamente, a la luz del derecho contemporáneo, una sentencia en sintonía con la debida objetividad que requiere la toma de decisión fundada en justicia. En el proceso penal, fuera de toda discusión, su relevancia es suprema, pues representa la columna sobre la que se sustenta la absolución o condena del imputado de la comisión de un ilícito. El presente trabajo nos presenta un interesante estudio analítico sobre las circunstancias que en la sociedad moderna se dan cita en los procesos de levantamientos de elementos probatorios y que pueden incidir en la contaminación de los mismos, sobre todo, los de orden tecnológicos. Teorías y praxis de corrientes diversas, han encontrado argumentos, unos para obtener e incorporar la prueba al proceso a cualquier precio; otros, para limitar las prácticas atentatorias contra la dignidad de la persona, y establecer reglas y momentos procesales precisos para su incorporación. Tal es el caso del Principio de Exclusión de la Prueba Ilícita en esta Era Digital.