La Ley de Costos y Precios Justos es una ley sancionada por el Ejecutivo Nacional que busca el control de todo el aparato productivo del país, presentando fines inconstitucionales, ya que no promueve la libre competencia al imponerle a los empresario los precios de sus productos, sin participación democrática, sino con una participación unilateral, coercitiva en la estructura de costos, manejo de las actividades y aumento de capital que obtenga o desee obtener la empresa. La teoría sobre el precio es clara y ha sido por años demostrada, es el mercado a través de la oferta y la demanda la que decide cuál es el precio de un producto, éste nunca puede ser impuesto, ya que genera resultados como los que se evidencian claramente en Venezuela.