La industria petrolera desde sus comienzos hasta 2019, se caracterizó por ser una actividad que utilizaba tecnología avanzada y derivado de esto requería poca mano de obra, generando cuantiosos ingresos a las empresas concesionarias y al erario público, dando lugar así a una capacidad financiera que hacía del Estado una entidad capaz de costear los proyectos gubernamentales, sólo que en Venezuela la generalidad de los administraciones utilizaron los ingresos, mayormente para fortalecer su poder y favorecer a determinados grupos económicos-sociales en detrimento de las mayorías nacionales. Es decir, la renta drenó en forma de gasto, sobre todo social, siendo utilizada como un medio para mantenerse y fomentar privilegios e intereses sectoriales, generándose así, mayores desigualdades. La situación socioeconómica descrita, se proyectó en el tiempo, con escasas virtudes y muchas deformaciones hasta finales de la segunda década del siglo XXI, cuando una severa crisis cruzó todas las fronteras de la estructura nacional, hasta debilitar al sistema como modelo de vida.