Como una desafortunada característica de la democracia contemporánea, se registra un decreciente desarrollo orgánico y una ilegitimidad funcional de los poderes públicos; auspiciada por el sufragio universal de una ciudadanía que cada día cree menos en los integrantes del Poder Público Legislativo colombiano; hoy por hoy, objeto de señalamientos y críticas por el aumento de las condenas y sanciones judiciales-disciplinarias a las que se han hecho acreedores. En este contexto, puede afirmarse que la función de control político actualmente es ejercida por un Poder Público Legislativo cada vez más deslegitimado. De hecho, las actuaciones son de un porcentaje superior al 35% de sus miembros, en la pasada conformación de ese cuerpo colegiado; está al margen de la ley.