El objetivo general de este trabajo se centra en analizar la procedencia del amparo contra actos administrativos, como una vía para permitir a los particulares el acceso a la justicia administrativa en los términos señalados por el artículo 17 de la Constitución Federal. Es pertinente aclarar que esta disertación se concluyó en el año 2006, con motivo de la obtención por el autor del grado de maestro; razón por la cual, su parte normativa se refiere a los textos legales vigentes hasta ese momento, no obstante los conceptos y las conclusiones sobre el acceso a la justicia administrativa y el principio de definitividad siguen siendo válidas. En nuestra opinión, el manejo adecuado del principio de definitividad, constituye un primer paso hacia una auténtica justicia administrativa, abatiendo buena parte del rezago en su impartición; porque, además, se ha probado que la mayoría de los gobernados, quienes no cuentan con la posibilidad de sostener un litigio que puede extenderse, en el mejor de los casos hasta tres años, se hallan en aptitud de acudir al juicio de amparo para que en sólo seis meses (en promedio) se les imparta justicia.