En el presente trabajo se analiza un caso judicial excepcional, ocurrido en el estado Zulia, Venezuela, que involucra a indígenas de la etnia wayuu, y de cómo los abogados defensores privados apoyados en novedosas normas constitucionales, crearon y construyeron un documento, autorizados por el pütchipuü, que es la autoridad indígena que interviene en la regulación social y política en la sociedad wayuu, que luego del cumplimiento de ciertas formalidades basadas en los usos y costumbres propios de la ley oral guajira, hicieron valer ante un tribunal de la jurisdicción penal ordinaria en una reclamación de contenido civil, para demostrar que la persona que representaban, una anciana indígena, era quien tenía dentro de la organización familiar, el derecho a exigir la indemnización por la muerte violenta en un accidente de tránsito de un miembro del clan. Esta circunstancia, planteó un importante reto para los operadores de justicia venezolanos, por cuanto no existía, ni existe en la actualidad, una ley de coordinación entre la jurisdicción especial indígena con el sistema de justicia nacional.