En febrero de 1992 entrò en vigor la reforma constitucional del artículo 27, que inaugurò la posibilidad de que el Ejido, ancestral forma de tenencia de la tierra en México caracterizada por la inexistencia de propiedad privada, pudiese ser objeto de compra venta, arrendamientos, aparcerìa y garantía, sujetándose con ello a las reglas del derecho civil o común. Los impulsores de la reforma pretendìan que las posibilidades legales que aportaba la mencionada reforma, traerían como consecuencia una reconfiguración de la estructura agraria en el país, trasladándose la propiedad de la tierra hacia aquellos que siendo capaces de adquirirla en un mercado formal, pudiesen también ser capaces de explotarla en condiciones de productividad y eficiencia. El PROCEDE (Programa de Certificaciòn de Derechos Agrarios y Titulaciòn de Solares) fue el instrumento que puso en marcha el estado mexicano para concretizar en los hechos la pretendida reforma agraria, y que cuyo análisis es obligado para conocer los efectos que en veinte años se han obtenido en la configuración de la superficie agraria en México, tomàndose como caso muestra a Sinaloa, estado que aloja el ejido màs grande del país.