El Ecuador es un Estado constitucional de garantías y justicia según lo determina el Art 1 de la Constitución de la República del Ecuador, por ende se debe respetar las normas legales ya establecidas para cada caso, en especial para los procesos de destitución de funcionarios públicos, para este proceso de destitución se deben aplicar las normas legales previas ya establecidas como son la LOSCA o actualmente LOSEP; es por eso el problema de la presente investigación ¿De qué manera se da la destitución de funcionarios públicos, sin el conocimiento y aplicación de las normas y procedimientos legales previstos, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica como norma de carácter Constitucional?, teniendo como objetivo determinar en qué medida se da esta vulneración de derechos constitucionale.