Un diseño institucional generalizado en las democracias constitucionales consiste en consagrar una carta de derechos fundamentales garantizando su supremacía a través del control judicial de constitucionalidad. Contra él, no obstante, el llamado “argumento contramayoritario” ha denunciado que su implementación implica dejar en manos de unas pocas personas inamovibles en sus cargos y con escasa representatividad la última palabra sobre cuestiones de máxima importancia: el alcance y contenido de los derechos fundamentales. En el marco del presente trabajo se intenta demostrar que la objeción contramayoritaria al control judicial de constitucionalidad se apoya en presupuestos cuestionables respecto de la interpretación. Asimismo se tratará de analizar si está justificado un activismo judicial dentro del ideal de democracia constitucional como medio de evitar la exposición de bienes fundamentales a la regla de la mayoría.