En un Estado Social de Derecho resulta indispensable pensar en la existencia de un marco jurídico en el cual se establezca claramente un régimen de responsabilidad, tanto para los servidores públicos -rama judicial-, como para los particulares que coadyuvan a la administración pública. Así, se procura generar una atmósfera de confianza entre lo público ante la comunidad, en la que, la conducta puede ser valorada tanto en su aspecto activo como en su pasivo; o lo que es lo mismo, en la acción tanto como en la omisión, a fin de que pueda ser sancionada toda conducta que se considere contraria a los principios y expectativas de la función pública, en lo que respecta a la correcta actuación de los servidores públicos y los particulares en la consecución de los fines del Estado.