El proceso penal por la presunta alteración de la escena del crimen en el sonado caso “el grafitero”, desde su génesis influenciado estuvo por la cuestión mediática, hasta el punto que la contaminación que produjo la prensa hablada y escrita fue mayúscula. Producto del bombardeo de saturadas imágenes como negativos comentarios que calaron no solo en la sociedad sino en las autoridades judiciales a todo nivel, encauzadas a distorsionar la verdad, edificando confusión y sin el más mínimo hálito de objetividad. Tanto así, que cada vez que se aproximaba una audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos ante los Jueces Penales Municipales con función de control de garantías, los medios radiales anunciaban que el abogado de la policía involucrado en la presunta alteración de la escena del crimen quedaría en libertad, emitiendo mensajes subliminales a la comunidad en general y por supuesto a la autoridad judicial que presidiría y decidiría el pedimento de libertad en cada data programada. Audiencias de solicitud de libertad batalladas donde cada acepción, cada acápite vertido, está soportado en informes secretariales, autos de sustanciación, constancias, planillas.