En un momento histórico en el cual no existe una política criminal en México que se encuentre claramente definida ha germinado la idea de que el endurecimiento de la respuesta punitiva estatal servirá para la disminución de los índices delincuenciales. La labor legislativa ha dado a la luz varias reformas que presentan matices hacia un Derecho penal del enemigo, incongruente con el discurso político que presume de la inclinación de nuestro derecho hacia la tendencia garantista. Los ciudadanos, alarmados por el constante incremento de las actividades criminales reclaman un cambio de postura más represiva y dura del sistema penal y esas voces encontraron una justificación en la Teoría de Günter Jakobs, conocida como "Derecho penal del enemigo", que se caracteriza por calificar de "no persona" a aquel que al no haberse motivado por la norma, cometió ciertos crímenes que por su particularidad, dañan de manera superlativa a la paz social: como el terrorismo. Llevando esas ideas a la realidad mexicana, golpeada por la delincuencia organizada, se han tomado decisiones que generan tensión con los derechos del ciudadano.