Desde la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la denominada Ley de Radiodifusión del Proceso militar y sancionar una nueva, en consonancia con las necesidades cívicas y participativas. Los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando de la Rúa en 2001, presentaron sendos proyectos de ley que no pudieron ser tratados. Quienes se veían afectados en sus intereses ejercieron fuertes presiones para evitar el tratamiento en el congreso. Ambos gobiernos, además, sufrieron un fuerte desgaste político. Tanto Alfonsín como De la Rúa ni siquiera pudieron completar sus respectivos mandatos.