La intención al embarcarme en el desarrollo de esta temática, fue intentar visualizar mi idea respecto de que la causa de la usurpación se vincula con una omisión previa por parte del Estado en garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda digna, razón por la cual esa emergencia habitacional configura un estado de necesidad que sería una causa de justificación para la comisión del delito que se imputa.Por su parte, la colisión del derecho de propiedad con el derecho a la vivienda digna y las garantías del debido proceso adjetivo, muestran la desigualdad de las partes ante el proceso y la desproporcionalidad respecto de la tutela de un bien jurídico con relación a los otros derechos también de raigambre constitucional, y a mi entender de mayor tutela; especialmente teniendo en cuenta la emergencia en la que se encuentran los afectados. En este sentido, creo que esa desproporción se ve reflejada también en función del proceso cautelar urgente que se establece para restituir la propiedad y la desidia para garantizar los derechos sociales de las personas afectadas.