Las medidas socioeducativas no privativas de libertad aplicadas a adolescentes infractores, se presentan como una importante alternativa estatal a las medidas clásicas de castigo, para responder ante actos punibles tipificados por la ley penal. Estas medidas buscan generar un vínculo de confianza y empoderamiento entre los adolescentes y el Estado, con el fin de que las infracciones cometidas puedan ser revertidas a tiempo y que a través de un seguimiento adecuado y acorde a las necesidades y características de cada individuo, se constituyan en un medio para el fin de las cadenas delictivas que inician moderadamente, pero que por sus diferentes características tienen la posibilidad de configurarse en posibles delitos de mayor gravedad. El Estado responde con un equipo multidisciplinario que por el principio de igualdad permiten a los infractores una nueva oportunidad de convertirse en un elemento de aporte positivo a la sociedad, sin la necesidad de romper su vínculo social.