La protección del consumidor a nivel comunitario ha sido una preocupación constante en los últimos años 20 años, razón por la cual, la UE ha aprobado normas como la Directiva 2011/83/UE, sobre los derechos de los consumidores (DDC) y propuestas de Reglamento como el Common Sales Law (CESL). Por otra parte, la contratación electrónica ha obligado al legislador comunitario y nacional a crear un marco jurídico, con el fin de proteger al consumidor que compre bienes o contrate servicios por medio de Internet. El concepto de consumidor ha sido delimitado a nivel comunitario y nacional, en el sentido de excluirse a las personas físicas o jurídicas que adquieran bienes o contraten servicios con fines de lucro. Cuestión distinta ocurre con el concepto de empresario, ya que dependiendo de la forma de conclusión en la que nos encontremos adquiere una connotación diferente: por ejemplo, detallista, prestamista, Prestador de Servicio, etc. El Derecho de Consumo español es una obra en “construcción permanente”, debido principalmente a la constante y periódica adaptación de este al marco comunitario europeo en materia de consumo.