La tarea de revisar la legitimidad normativa global y estatal tiene como fin despejar las condiciones dentro de las cuales se ha de ubicar el bien común concertado por las comunidades. Las comunidades locales organizadas hacen posible democracia emancipadora y directa, desde los presupuestos de la igualdad de todos sus miembros, la inderogabilidad de sus atributos políticos y la necesidad de generar y conciliar las diferencias colectivas hasta la siguiente ocasión de modificar el consenso.