La JRL de RECOPE, propiamente, marcó un hito y un derrotero en la historia de las JRL en el sector público costarricense (institucional y empresarial), básicamente a partir de la naturaleza vinculante de sus acuerdos dispuesta desde su régimen jurídico constitutivo. Tras una intervención jurisdiccional de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que anuló el precepto de dicha obligatoriedad para la Empresa patronal, la suerte de los acuerdos colegiados de la JRL dentro de RECOPE quedaría librada a determinantes -causas o factores- ya no tanto jurídicos (la entidad, contenido y calidad de las demás normas orgánicas, programáticas y procedimentales de su régimen particular) como extrajurídicos (más coyunturales y hasta personalistas, políticos, ideológicos, interinstitucionales y demás). Surgen luego las cuestiones de cuáles sean esos determinantes, de la importancia relativa de los jurídicos frente a los no jurídicos, y de cómo podrían mitigarse los efectos ‘adversos’ de unos y otros a efecto de potenciar la efectividad de las intervenciones de la JRL en orden a la realización de sus fines fundacionales.