A partir de la incorporación, en el seno de la reforma constitucional de 1994, de una nueva categoría de derechos conformada por aquellos con implicancias en lo colectivo se abrió, dentro de las ciencias jurídicas, un profundo debate acerca del sentido y alcance que tales prerrogativas poseen en el marco del Derecho. Ello ha dado lugar a posturas doctrinarias variadas acerca del tema, sobre todo, en cuanto a las implicancias subyacentes en cuanto a su detrimento. Distintas corrientes, la mayoría de ellas de corte procesalista, han ido estableciendo las bases interpretativas respecto a la protección dispensada por la letra constitucional ante tales afectaciones, resultando protagonista excluyente en este desarrollo la construcción pretoriana efectuada por la Corte Suprema de Justicia nacional. No obstante lo predicho, esta construcción técnico-jurídica y conceptual acerca del sentido y los alcances de una de las categorías preconcebidas con proyección colectiva como es la de los derechos individuales homogéneos, sobre todo en el ámbito de la responsabilidad civil, lejos de terminar, resulta ser una tarea en permanente construcción, dada su complejidad e implicancias.