Los intereses ambientales prioritarios de la población en situación de pobreza extrema se relacionan con los bienes tangibles e intangibles para satisfacer las carencias que se profundizan con las distintas situaciones de riesgo que enfrentan las familias. Pero no solo las crisis perpetúan la pobreza extrema, las debilidades de la gestión institucional, tanto pública como privada, traducidas en el mínimo impacto que tienen los programas sociales y en la incapacidad de una articulación del sistema de protección social imposibilitan la garantía de unas dotaciones iniciales para los más vulnerables que les permita generar capacidades para hacer frente a las crisis sociales, económicas, políticas y ambientales. De esta manera se configuran conflictos entre las familias en situación de pobreza extrema y las instituciones públicas, además de los conflictos entre entidades del estado por sus niveles de injerencia.