La corrupción se da principalmente en el sistema de contrataciones públicas (proceso que va desde la necesidad de dicha contratación hasta el momento final de su uso o aprovechamiento y el vencimiento de las garantías que lo cubren), donde la entidad del sector público mediante un proceso de selección decide contratar los servicios de una persona física o jurídica para la prestación de un bien, servicio o ejecución de una obra. En Perù, existen diversos delitos de corrupción de funcionarios, donde se sanciona la directa afectación al patrimonio estatal con la conducta del funcionario público (colusión, peculado, malversación de fondos, etc.), sin embargo, en el delito de negociación incompatible, no es muy claro, si el acto ilícito del funcionario público deba ser sancionada por el derecho administrativo sancionador (infracción administrativa) o debe ser considerado como delito por el derecho penal. A raíz que la Corte Suprema ha emitido tres casaciones como la Cas N°841-2015-Ayacucho; Cas N°23 -2016- Ica y Cas N°231-2017- Puno, donde han absuelto a funcionarios públicos que habían sido condenados en primera y segunda instancia como autores del delito de negociación incompatible.