La Administración Pública se encarga de distribuir el dinero público, invirtiendo en productos y servicios necesarios para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. Para ello, se ponen en marcha procesos de licitación, mediante los cuales el Estado “elige” (en base a una serie de características y condiciones previstas en los pliegues de la licitación) a la(s) persona(s) o empresa(s) adecuada(s) para llevar a cabo el servicio, la obra, o el producto que más se acerca a la demanda del Estado. Como ya se ha indicado, en los pliegues de la licitación se encuentran las características básicas que ha de tener la compra o el contrato para poder otorgarlos. Por tanto, lo que se plantea en el manuscrito es la puesta en marcha de un tipo de licitación que, además de cumplir con las necesidades que haya de satisfacer, tenga en cuenta características de protección medioambiental, que premie la innovación y la sostenibilidad del producto o servicio contratado.