Puede parecer paradójico que el movimiento feminista, que nunca fue de masas ni consiguió empatizar con la mayoría de las mujeres, acabara por ser identificado como uno de los principales motores de la denominada «cultura de la protesta» durante la crisis del franquismo y la transición a la democracia. Pero mucho más lo es que buena parte de sus reivindicaciones fueran asumidas como auténticas políticas de Estado e incluso que el poder comprendiera la utilidad que su institucionalización podía tener en una determinada coyuntura histórica. Sea como fuere, no parece que pueda cuestionarse la influencia de este amplio y complejo movimiento en la asunción por la mayor parte de las fuerzas políticas —primero las de izquierda, y más tarde, incluso, las de significación derechista— de una parte de su ideario. Tal vez no de sus aspectos más rupturistas en lo formal, pero sí en lo sustancial en ámbitos como las políticas de fomento de la igualdad o la reformulación de un nuevo concepto de ciudadanía que amplió el reconocimiento social de colectivos hasta entonces excluidos.