El autor hace un análisis de las normas legales que de manera incompleta o deficiente han regulado a lo largo del tiempo el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, por lo que, en su opinión, considera que la modificación al artículo 242 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, efectuada por el Decreto Legislativo 1295, tiene como objetivo fortalecer y consolidar la información de los demás registros de las personas que se encuentran en situación de inhabilitación.