La tardía e insuficiente atención de la problemática ambiental en México ha conducido a la degradación y pérdida de ecosistemas, riesgos en la salud humana y a la vulnerabilidad de la población, lo que ha reducido el bienestar social, así como el potencial de desarrollo del país; si bien en el pasado la problemática ambiental no estuvo en el primer plano del debate nacional, a pesar de haber incidido en problemas de carácter económico, social, ambiental y político, durante las últimas cuatro décadas el constante incremento de agudos problemas ambientales y la pérdida acelerada del patrimonio natural llevó a la necesidad de considerarlos como un problema público que obligó al establecimiento de políticas para, si no solucionarlo, al menos para frenarlo. Su sentido público, tal y como lo menciona Aguilar (1996) implica un nuevo proceso de decisión, gestión, colaboración e interlocución entre los distintos actores que toman parte de las acciones para atenderlo.