El Protocolo de servicio para la atención de personas en condición de discapacidad, se fundamenta en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y servidores públicos con discapacidad, el cual busca el fortalecimiento de las habilidades y potencialidades individuales fomentando su participación en la familia y la sociedad. El enfoque de derechos y deberes exige reconocer que las personas en condición de discapacidad no pueden seguir siendo vistas como objeto de asistencia social, sino como sujetos con derechos y deberes, que necesitan ser incluidos y atendidos, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos, y reconocer finalmente su capacidad, su valor y el aporte que le brindan a la sociedad en medio de su diversidad. Por lo anterior, los estados deben garantizar acciones de calidad y eficiencia en corresponsabilidad con la familia y la comunidad.