El presente trabajo trata de la problemática que se deriva del hecho de determinar qué tipo de responsabilidad penal ha de ser proporcional a los hechos delictivos cometidos en el ámbito de las personas jurídicas. Enfatiza en la necesidad de crear una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y se justifica en razones políticas criminales como son los cambios legislativos a nivel internacional y la creciente delincuencia empresarial que en las últimas décadas ha causado problemas en Nicaragua de orden socioeconómico. La delincuencia económica se ha infiltrado en las administraciones públicas, es evidente que el actual modelo de consecuencias accesorias y de la fórmula de actuar en nombre de otro ha resultado ser insuficiente, debido a la naturaleza de tales medidas y su falta de definición, siendo necesario el modelo de responsabilidad penal corporativa.