En México se ha construido un sistema educativo con intenciones de universalidad en la cobertura de sus servicios, pero limitado en recursos para lograrlo, a causa de diversos factores: el corporativismo magisterial, la crisis económica, la reconfiguración del Estado y la redefinición de sus funciones. Durante la primera mitad del siglo XX, la política educativa se encauzó desde el Estado; de la segunda hasta la actualidad, ha respondido en mayor medida al modelo de desarrollo económico. Actualmente existe un consenso entre algunos organismos internacionales, el sector gubernamental y la academia, acerca de que la educación debe consolidarse como un derecho humano para impulsar la justicia y el desarrollo social. En este contexto, la educación superior en México, y en particular sus universidades públicas, tienen la responsabilidad de contribuir a la formación de profesionales en las diferentes áreas del conocimiento para atender las problemáticas sociales, y no sólo para responder a los requerimientos del mercado o del Estado. Por ello, el análisis de las políticas públicas, y en particular de la formación de agenda, es fundamental para abordar los retos del desarrollo social.