El presente trabajo, analiza las razones jurídicas y políticas que conllevan al desconocimiento por parte de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2012), del derecho a la democracia participativa contenida en la Constitución venezolana de 1999. Se sostiene que tal violación, es consecuencia de una práctica sistemática basada en arbitrariedad legislativa, mediante la cual el parlamento, se subordina al poder ejecutivo nacional en la esfera de un régimen autoritario de estirpe patrimonialista, que privatiza las instituciones públicas para favorecer los intereses de la clase política que hegemoniza el poder de Estado. Se trata de un esfuerzo por develar las razones histórico-políticas que dan lugar a una Constitución material, fraguada conforme a un proyecto político que toma distancia axiológica de la Constitución formal, originada mediante proceso constituyente.En este sentido, se evidencia que la pretensión del legislador ha sido la de encasillar el derecho a la democracia participativa, en un esquema cerrado de procedimientos que permitiría su domesticación en tanto tentativa para coartar el potencial transformador y emancipatorio, inherente a este derecho humano.