El contenido esencial del derecho a la autodeterminación informativa, reconocido por nuestra Constitución, fue desarrollado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, proporcionándole un adecuado nivel de protección de acuerdo con lo exigido por la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, que la citada Ley transpone a nuestro Ordenamiento Jurídico. Sin embargo, la derogación de la Directiva por la entrada en vigor y la eficacia directa del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, implica una serie de consecuencias inmediatas sobre la regulación del derecho a la protección de datos de carácter personal en nuestro país. Con este trabajo se pretende hacer una aproximación a su vigente régimen jurídico y a los cambios que la nueva normativa europea conlleva, cuestión del máximo interés para cualquier colectivo implicado en el tratamiento de datos personales.