Vigente la Constitución de 2008 del Ecuador, incluye cambios fundamentales en el reconocimiento de los derechos y su sistema de protección, se otorga potestad a la Corte Constitucional para organizar el fortalecimiento de la justicia constitucional y el proceso de constitucionalización del sistema jurídico, político y social del país, deduciendo que la justicia constitucional es una herramienta eficaz e idónea para hacer realidad las exigencias del texto constitucional. En este sentido nace la acción de incumplimiento considerada una garantía jurisdiccional, se interpone ante la Corte Constitucional, cuando una sentencia en materia constitucional no se haya ejecutado o tenga una defectuosa ejecución, es decir que, los derechos constitucionales a más de ser llevados a cabo, por las demás garantías jurisdiccionales, existe la garantía de acción de incumplimiento, que es capaz de lograr la ejecutoria de las sentencias incumplidas en el resto de garantías jurisdiccionales, usándola como herramienta final, para evitar atropellos y favorecer a las víctimas con el principio de la reparación integral, que disminuye el daño causado.