En derecho penal condenar un ser humano a una pena privativa de libertad o absolverle de ella es algo a lo que sólo se tiene que llegar mediante una rigurosa investigación, porque el veredicto del tribunal de enjuiciamiento determina el futuro del imputado bien para “matarlo” socialmente o para salvarlo e integrarlo como ser humano a su comunidad.Ante un acto que la ley señala como delito, la autoridad competente tiene el deber jurídico de iniciar una investigación, la que será exhaustiva e imparcial, porque ninguna persona podrá ser condenada o sometida a medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho delictivo y sobre todo, observando estrictamente los derechos fundamentales previstos en el máxima ordenamiento y los tratados. Específicamente, la garantía criminal establece que, “Debe calificarse como delito sólo lo que la ley penal considera como tal, es decir, no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por la ley”.