El lavado de activos es combatido con contundencia por gran parte de los Estados no solo militarmente sino también a través de políticas públicas que implican la cooperación del sector financiero. Es así como las entidades de este sector se han convertido en una herramienta clave para perseguir este delito, por lo que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, mediante imposición legal, han conminado a las entidades financieras, incluidos los bancos, a que colaboren de manera activa con las autoridades. Por lo anterior, cobra especial relevancia para los administradores de bancos conocer los riesgos personales e institucionales que se asumen cuando, dentro del marco de sus funciones, toman decisiones relacionadas con la obligación legal que les corresponde en materia de prevención y control del lavado de activos.