Existe una relación directa entre el desarrollo económico y el derecho de las garantías, ya que no puede existir desarrollo sin inversión y el inversor industrial y/o comercial no está sólo motivado por la realización de un proyecto; pero está también, en la mayoría de los casos, la preocupación fundamental de obtener una protección contra la pérdida de la inversión. De ahí el interés renovado por el derecho de garantías traducido por las reformas del derecho de las garantías que tuvieron lugar en todo el mundo, sobre todo a principios de la década de los años 1990. La OHADA se sumó a estas reformas del Derecho de garantías, primero en 1997 y después con la reforma del Acto uniforme de garantías de 15 de diciembre de 2010.