Del déficit democrático que padeció nuestro sistema institucional, vigente ya la Constitución de 1853-1860, durante finales del siglo XIX y parte del XX, que implicó entre otras situaciones, la manipulación de las elecciones con anterioridad a la ley Sáenz Peña (1912) , el desconocimiento de los derechos políticos de la mujer hasta mediados del siglo XX, los fraudes electorales en la década de 1930 , la proscripción de partidos políticos y de líderes mayoritarios, se debe contabilizar un capítulo olvidado: la imposibilidad que tenían los ciudadanos residentes en los territorios nacionales de votar y ser votados en las elecciones nacionales.