En México el proceso de democratización política y social ha estado vinculado al redimensionamiento del Poder Judicial, que ha judicializado uno de los temas más sensibles de la sociedad mexicana: La sucesión política. La creación del Tribunal Electoral ha generado expectativas sobre la protección de los principios rectores de la función electoral: Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, para garantizar elecciones libres y auténticas. Sin embargo, los dictámenes del Tribunal Electoral se han convertido en centro de debate, principalmente en los casos vinculados a la nulidad de la elección, por lo que diversos actores cuestionan si la intervención del TEPJF realmente garantiza certeza en los procesos electorales.