Una de las razones por las cuales no se gestiona de manera continua la reputación gubernamental obedece entre otros aspectos a algo que hace parte de la misma esencia del poder público: muchos de sus administradores y gobernantes ocupan esas posiciones por períodos limitados (cuatro, cinco o seis años habitualmente) y en no pocas ocasiones hay desinterés por mirar el largo plazo: su prioridad son las acciones específicas que podrá desarrollar en el período para el cual fue electo o nombrado y que son las que podrían generar más recordación entre los ciudadanos. Allí se origina otro factor influyente: las estrategias de comunicación gubernamental son cortoplacistas y varían de gobernante a gobernante. No sobra explicar y advertir que proyectar, construir y gestionar la reputación no es un ejercicio de comunicación y maquillaje, sino un ejercicio donde el líder de la entidad asume un proceso de transformación de una serie de prácticas y de procedimientos para poder llegar con mayor claridad y con mayor impacto a ese ciudadano a través de un proceso de relacionamiento que le haga sentir a él que es una parte importante del andamiaje del gobierno y que él también es parte del Estado.